martes, 28 de febrero de 2017

Reclamación a la empresa de los intereses de demora y sanciones cobrados por hacienda al trabajador a resultas de retenciones del IRPF incorrectamente practicadas

Comentar en esta ocasión por su interés la sentencia de fecha 11 de abril de 2016 de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ Cataluña). Los hechos de la misma se refieren a la indebida retención practica por la empresa al trabajador a resultas del pago de una indemnización. En concreto la empresa aplicó sobre dicha indemnización un importe de reducción, por considerar el rendimiento como irregular, que supuso una menor retención de la que a juicio de hacienda se debería de haber practicado, en tanto que la AEAT considera que dicha reducción no era aplicable.

En atención a ello Hacienda le reclama al trabajador el importe que le correspondería haber pagado sin aplicación de la reducción más los correspondientes intereses de demora y sanción. Por su parte el trabajador a resultas de la regularización practicada por Hacienda le reclama a la empresa el importe de los intereses de demora y la sanción, en tanto considera que ambas son consecuencia de la indebida reducción practicada por la empresa sobre el importe de la indemnización.

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En esta sentencia la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, analiza la reclamación planteada y determina que el sujeto pasivo de la deuda ciertamente es el trabajador, pero, el incumplimiento de la empresa de retener correctamente le hace responsable de los intereses de demora y las sanciones que pudieran devenir al respecto.

A nuestro juicio el Tribunal no debió de aceptar la demanda del trabajador por cuanto era este quien en el momento de la preparación de la declaración del IRPF optó por aplicar la reducción de irregularidad sobre la indemnización obtenida, con independencia de que la empresa en el momento del cálculo de la retención la hubiera tenido en cuenta.

martes, 14 de febrero de 2017

PRIMERA SENTENCIA DECLARANDO NULO EL DESPIDO DE UN TRABAJADOR DE BAJA POR INCAPACIDAD TEMPORAL

Sentencia TJUE 1 de diciembre de 2016

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, en sentencia del 1 de diciembre de 2016 (Asunto C-395/15), ha declarado que la incapacidad temporal de incierta duración y que tiene visión de prolongarse podría ser incluida en el concepto de “discapacidad”, a efectos de la Directiva 2000/78 del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, sobre la igualdad de trato en el empleo.

En aplicación de la misma, y por primera vez, el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona dicta sentencia en relación a un trabajador que con buen comportamiento profesional y tras sufrir un accidente laboral inicia una incapacidad temporal de larga duración siendo finalmente despedido.

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 La susodicha Sentencia concluye que sin apreciar una razón objetiva y razonable sobre el despido, entiende que este devino como consecuencia de la situación de discapacidad en que se encontraba el trabajador despedido, y entiende que se trata de un despido nulo por discriminación fundamentada en “discapacidad”.

Hasta el momento la Doctrina del Tribunal Supremo al respecto consideraba que la situaciones en las que el empleador aducía para justificar el despido la falta de rentabilidad en el mantenimiento del puesto de trabajo podía constituir despido improcedente pero en ningún caso nulo por no entenderse discriminatorio.

La consecuencia de este fallo es la readmisión del trabajador y el abono de los correspondientes salarios de tramitación.
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martes, 7 de febrero de 2017

NO GENERA DERECHO A VACACIONES EL PERIODO DE TIEMPO ENTRE EL DESPIDO Y LA READMISIÓN DEL TRABAJADOR POR SENTENCIA

Comentar por su interés la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, del 15 de marzo de 2016, en la que ante el planteamiento por parte de unas trabajadoras despedidas, que tras la declaración de improcedencia fueron readmitidas por la empresa procediendo así al abono de los salarios de tramitación, resuelve que estos salarios dejados de percibir son cuantías de carácter indemnizatorio que no retribuciones por la prestación efectiva del trabajo realizado.

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 Por ende, cuando las trabajadoras reclaman su derecho al descanso retribuido, el Tribunal procede a su negativa, pues las vacaciones entiende el Tribunal nacen por la prestación del trabajo y su consiguiente derecho al descanso, pasa a concluir que no habiendo ocurrido esto en ese lapso de tiempo, no se tiene derecho a vacaciones, ni a disfrutarlas ni a su abono.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Social, de 15 de marzo de 2016.



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jueves, 2 de febrero de 2017

REVERSIÓN DEL DETERIORO DE PARTICIPACIONES CON EFECTOS RETROACTIVOS AL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DEL EJERCICIO 2016

Deberemos de prestar mucha atención de cara al cierre del impuesto sobre sociedades correspondiente al ejercicio 2016 si tenemos en nuestro balance dotados deterioros de participaciones.

Si bien con la modificación introducida en la norma los deterioros dejaron de ser deducibles a partir del ejercicio 2013, dicha modificación no obligaba a la reversión de los deterioros contabilizados y deducidos fiscalmente hasta ese momento. Ahora bien, con la nueva modificación introducida por el Real Decreto ley 3/2016, aprobado el pasado 2 de diciembre,  con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2016, los deterioros deducidos hasta el 2012 y que todavía no hubieran revertido deberán de revertir en el plazo de 5 años, mediante el correspondiente ajuste positivo en el impuesto.

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Si se produjera una reversión mayor, por ejemplo como consecuencia de beneficios que mejoran el valor de las acciones o participaciones, el deterioro pendiente, si lo  hubiera, revertirá por partes iguales entre los ejercicios que resten.

Esta modificación introducida con carácter retroactivo el pasado mes de diciembre y que puede ser de enorme importancia para aquellas empresas con deterioros pendientes de revertir de cara al cierre del ejercicio 2016, consideramos que supone un nuevo atentado a la ya maltrecha seguridad jurídica de nuestro país, que en lo económico, egoísta y burdamente, prescinde de las previsiones o presupuestos empresariales con el objetivo de ajustar una mala previsión o presupuesto del estado y en lo jurídico plantea la no deducibilidad de un gasto que si tenía el carácter de deducible en el momento de su contabilización, que se pudo producir en ejercicios ya prescritos, lo que a nuestro juicio infringe, como poco, los principios de seguridad jurídica y el de confianza legítima en la administración. 

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