martes, 5 de diciembre de 2017

PLAZO PARA DEMANDAR LA IMPROCEDENCIA DE UN DESPIDO OBJETIVO

Tras la comunicación de despido objetivo el plazo para interponer demanda de despido improcedente es de 20 días hábiles.

Pero desde cuándo, esa es la duda que suele surgirnos, desde el preaviso o desde la fecha efectiva de la extinción.

El art. 59.3 del Estatuto de los Trabajadores, establece un plazo para interponer demanda de despido de 20 días hábiles contados desde la fecha de extinción del contrato de trabajo.


En el caso del despido por causas objetivas, o incluso por la finalización de un contrato temporal celebrado en fraude de ley, cuestión a analizar detenidamente, debido a que existe y se exige un plazo de preaviso obligatorio de 15 días a la fecha efectiva de extinción, el trabajador puede y dice la ley PUEDE, adelantar su acción desde que le es notificada la decisión por la Empresa, aún continuando trabajando en la misma (art. 121.1 LRJS), la percepción de la indemnización en el momento de entrega de la carta o incluso el uso del permiso para buscar trabajo, no enervan el ejercicio de la acción ni suponen conformidad a la decisión empresarial.

Sin embargo, el cómputo del plazo de 20 días para interponer demanda de despido solicitando su calificación de improcedencia, no se inicia hasta el momento en que se produzca dicha extinción y una vez agotado el preaviso establecido.

Les recordamos que para cualquier duda o consulta sobre asesoramiento laboral puede contactar con nosotros desde nuestra web o llamando al 963 529 900.

viernes, 17 de noviembre de 2017

PENSIÓN DE JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Jubilación anticipada por discapacidad. Trabajador que durante el tiempo reglamentario exigido ha prestado servicios efectivos afectado por dos deficiencias distintas que, en su consideración conjunta generan una discapacidad en grado igual o superior al 45%, pero de la que solo una de ellas precisamente la que figura de entre las enumeradas por el art. 2 del RD 1851/2009, no alcanza en su consideración aislada este umbral.



A partir del 1 de enero de 2010 los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45%  podían solicitar la jubilación anticipada cumpliendo con dos requisitos: Edad a partir de 56 años y un periodo mínimo de cotización de 15 años como discapacitados.

Pero la cosa no era tan fácil, además se especificaba que la discapacidad que se padeciese fuese de entre las reconocidas en un elenco.

Obviamente el legislador no tuvo en cuenta que una disfunción o discapacidad no es algo aislado, esta provoca otras, y en su consideración aislada pueden no ser significativas y no alcanzar el umbral del 45% pero la suma de todas ellas si. ¿Qué pasa si una de mis discapacidades valoradas no se encuentra en el elenco legislativo de las reconocidas para jubilación anticipada y otra sí?

El Tribunal Supremo resuelve esta cuestión por Sentencia 729/2017 de 27 de septiembre de 2017 diciendo que el objetivo del legislador con la jubilación anticipada para el colectivo de personas con discapacidad era que siendo la esperanza de vida del trabajador menor a la del resto, y que habiendo desarrollado la mayor parte de su actividad profesional afectado por la discapacidad, habiendo sufrido un mayor desgaste físico-funcional y teniendo un horizonte temporal para disfrutar de la pensión de jubilación menor este podrá adelantar la disposición de la misma. 

El Tribunal Supremo recalca que una solución jurídica fundamentada única y exclusivamente en tantos por cien produciría el efecto de perjudicar gravemente el efecto útil de esta clase de jubilación y frustraría las expectativas de quienes una enfermedad ha marcado sus vidas y su actividad laboral, así también su jubilación, impidiendo alcanzar el propósito perseguido por la Ley.

Les recordamos que para cualquier duda o consulta sobre asesoramiento laboral puede contactar con nosotros desde nuestra web o llamando al 963 529 900.

martes, 24 de octubre de 2017

CUANDO DARSE DE ALTA EN AUTONÓMOS PARA COMENZAR CON UNA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA

Cuando se emprende en una actividad por cuenta propia, las principales cuestiones y preocupaciones del emprendedor son Hacienda y Seguridad Social.

Lo primero que debemos hacer es darnos de alta en Hacienda a través del modelo 036 Declaración Censal, si o si en todos los casos, y mucho más cuando vayamos a estar visibles en el ciberespacio.

La siguiente cuestión a abordar será el alta en el régimen de autónomos. El Art. 305 de la Ley General de Seguridad Social establece que “Estarán obligatoriamente incluidas en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos las personas físicas mayores de dieciocho años que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena, en los términos y condiciones que se determinen en esta ley y en sus normas de aplicación y desarrollo”. La actividad que vayamos a realizar tendrá que ser lucrativa, personal, directa y habitual.

¿Debo darme de alta como autonomo?

¿Si mi actividad no es habitual no hace falta que me dé de alta en autónomos?


La habitualidad es un concepto jurídico poco determinado, sin embargo el Tribunal Supremo por sentencia del 29 de octubre de 1997, clarificó el término indicando que la habitualidad no guardaba tanta relación con la periodicidad o frecuencia de la actividad, como con la posibilidad de que si no superáramos el umbral del salario mínimo interprofesional en el año natural puede que nuestra actividad no fuera habitual. En el año 2017 el SMI anual es de 9.906,40€.

Los ingresos realmente no guardan relación con el tiempo empleado, ahora bien, los órganos jurisdiccionales han venido relacionando el nivel de ingresos con el tiempo dedicado al trabajo, no nos la juguemos con descontar los gastos. Entonces si no llegamos al SMI es por que la actividad es una actividad complementaria y marginal, que no constituye un medio de vida cuando ni siquiera me alcanza para pagar la cuota de autónomo, y obviamente si no contamos con un local abierto al público o trabajadores o somos socios de una sociedad mercantil.

Ahora bien, y si pienso que mi actividad es marginal pero de golpe voy a facturar un súper trabajo que haga que supere el umbral del SMI, y decido darme de alta de autónomos, entonces la Tesorería me hará aportar el alta censal de hacienda y me retrotraerá la fecha del alta de autónomos a cuando inicié realmente la actividad, y ya le puedo decir adiós a la tarifa plana y resto de bonificaciones de las que hubiera podido disfrutar sin olvidar el recargo del 20%.

Ahí va el díptico de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
   
Multas y sanciones por no darse de alta de autonomos


Les recordamos que para cualquier duda o consulta sobre asesoramiento laboral puede contactar con nosotros desde nuestra web o llamando al 963 529 900.

jueves, 21 de septiembre de 2017

RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS POR DEUDAS SALARIALES CUANDO SE SUCEDEN EN UNA CONTRATA

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, del 11 de mayo de 2017


Partiendo de la responsabilidad por deudas salariales que adquiere una empresa cuando sucede a otra en una contrata, reconocido así en el art. 44 ET y cito “El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y , en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente", el Tribunal Supremo en Sentencia de la Sala de lo Social de 11 de mayo de 2017 va un poco más allá y analiza si las deudas salariales de la empresa saliente, adquiridas ya de una contrata previa, afectan a la nueva empresa entrante en la contrata.


¿Se puede ir arrastrando la responsabilidad por deudas salariales?


La empresa entrante acepta su responsabilidad solidaria con la saliente por el artículo 44.3 ET, y el Tribunal estima que la concurrencia de la sucesión empresarial implica que la nueva empresa entrante debe asumir las deudas salariales de la saliente, con independencia de que aquellas deudas hubieran sido adquiridas de una cedente anterior.

Según el Alto Tribunal, no se puede exonerar a la última empresa contratista con el fundamento de que la primera empresa no generó una nueva deuda pues el 44 ET se limita a indicar que la responsabilidad solidaria durante 3 años de cedente y cesionaria se genera por todas las obligaciones anteriores a la transmisión.
Manifiesta el Supremo que lo relevante es la persistencia de una obligación salarial incumplida y, por ende, el mantenimiento del derecho de los trabajadores a ver abonados sus salarios ya devengados.

A este respecto importante también la Sentencia del Tribunal Supremo del 30 de noviembre de 2016.

Si tiene cualquier duda puede visitar nuestra página web o llamarnos al 963 529 900.


viernes, 15 de septiembre de 2017

INDEMNIZACIÓN MÁXIMA POR DESPIDO IMPROCEDENTE

En atención a las indemnizaciones por despido improcedente la DT 5ª establece que el tope indemnizatorio que se aplica es el de 720 días de indemnización máximo 42 mensualidades, estos topes indemnizatorios han generado gran confusión.

El Tribunal Supremo por Sentencia del día 29 de septiembre de 2014 afirmó que en los casos en que a fecha del día 12 de febrero de 2012 el trabajador hubiera superado los 720 días indemnizatorios podría adicionar a la cuantía la generada a partir del 12 febrero de 2012 sin superar las 42 mensualidades de salario, generando un gran debate doctrinal al respecto e inseguridad jurídica.

Numerosos Tribunales Superiores de Justicia autonómicos siguieron la tesis mientras que otros mantenían la literalidad de la Disposición 5ª, entre ellos Valencia.


Indemnización por despido improcedente


Sin embargo, por Sentencia del 18 de febrero de 2016 el Alto Tribunal interpretó que los topes indemnizatorios de 720 días se aplicarían a los despidos improcedentes salvo para aquellos trabajadores que en fecha del 12 de febrero de 2012 tuvieran una antigüedad superior a 16 años en cuyo caso el importe máximo a percibir sería el alcanzado en dicha fecha aunque este no superara las 42 mensualidades de salario.

Esta última Sentencia viene a aclarar la confusión generada, interpretando la Disposición en su literalidad, y afirmando que si a fecha del 12 de febrero de 2012 se hubiera superado el límite de los 720 días de indemnización (16 años de antigüedad) el tiempo posterior a 12 de febrero de 2012 es inhábil para acrecentar la cuantía fijada, por lo que si el trabajador a fecha del 12 ya tiene acumulada una indemnización superior a los 720 días tendrá derecho a dicha indemnización pero no seguirá devengado una mayor.

Les recordamos que para cualquier duda o consulta sobre asesoramiento laboral puede contactar con nosotros desde nuestra web o llamando al 963 529 900.

jueves, 6 de julio de 2017

EL AUTÓNOMO SOCIETARIO PUEDE RECLAMAR LOS BENEFICIOS DE LA TARIFA PLANA PARA AUTÓNOMOS, SEGÚN ESTELLÉS ABOGADOS

  • La Seguridad Social no está aplicando estos incentivos en el reconocimiento de altas de administradores societarios
  • La reclamación se puede realizar presentando un escrito a la TGSS en el plazo de 30 días desde el alta, o solicitando la devolución de ingresos indebidos por las diferencias, teniendo de plazo 4 años


Valencia (05-07-2017).- “El autónomo societario puede reclamar los beneficios de la tarifa plana para autónomos, aunque la Seguridad Social aplique diferentes criterios para unos o para otros”, según ha destacado Encarnación Donet, del Departamento de Laboral de Estellés Abogados. 

En este sentido ha explicado que “los autónomos societarios tienen iguales condiciones que los trabajadores autónomos, la diferencia estriba en haber constituido una sociedad mercantil, lo que implica que son además administradores mercantiles con el control efectivo de las personas jurídicas constituidas”.

Beneficios para los autónomos societarios con una tarifa plana

“En el caso de la famosa tarifa plana para autónomos del art. 31 de la Ley 20/2007, la norma no les menciona expresamente, pero el hecho de no hacerlo no implica su exclusión automática y así ha quedado de manifiesto en distintas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia”, -ha añadido-. Concretamente, en el año 2015 y la más reciente de febrero de 2017, que entienden que su interpretación debe ser amplia dado que la finalidad de la medida es fomentar el autoempleo y el emprendimiento.

Las sentencias argumentan que “... cuando concurren las circunstancias fácticas y jurídicas que conducen obligatoriamente al encuadramiento y alta en el RETA de determinadas personas físicas, éstas, individualmente consideradas,... reúnen la cualidad de trabajadores autónomos… y en definitiva que constituir una sociedad mercantil… no es incompatible con la cualidad de trabajador autónomo cuando la posición jurídica del beneficiario en esa sociedad determina su obligada afiliación al RETA…”.

Por ello, Encarnación Donet de Estellés Abogados ha indicado que “aunque la Seguridad Social no esté aplicando estos incentivos en el reconocimiento de un alta de administrador societario, éste podría reclamarlo presentando un escrito a la TGSS en el plazo de 30 días desde el alta, o bien solicitando la devolución de ingresos indebidos por las diferencias, teniendo de plazo al efecto 4 años”. Arts. 44 y 45 del Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de Seguridad Social. Si la Seguridad Social persiste en su negativa se deberá acudir a los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ESTELLÉS ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS 


Estellés Abogados es un despacho valenciano especializado en asesoramiento y defensa de particulares y pequeñas y medianas empresas, en materia tributaria, de derecho mercantil-civil y derecho laboral. Apuestan por un servicio especializado, próximo y proactivo, con el objetivo de ofrecer a las Pymes soluciones acordes a las demandas actuales del mercado.

viernes, 23 de junio de 2017

ACONSEJAN TENERLO EN CUENTA A LA HORA DE APROBAR LOS BALANCES DE ENTIDADES CUYOS SOCIOS ESTÉN OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DEL IMPUESTO

Estellés Abogados recomienda considerar la valoración de acciones en el impuesto sobre el Patrimonio ante el nuevo criterio administrativo 
  • En la medida que la valoración de dichas acciones/participaciones puede verse notablemente incrementada, o en su caso reducida, según el balance que se tome en consideración.
  •  Las acciones o participaciones en empresas no cotizadas se encuentran entre los bienes a incluir en este impuesto.
Entre los bienes a incluir en el impuesto sobre el patrimonio se encuentran las acciones o participaciones en empresas no cotizadas. La Ley del Impuesto sobre el Patrimonio (Art. 16.1) dispone que dichas acciones o participaciones se valoraran, según el valor contable resultante del último balance aprobado si la entidad se encuentra auditada, y si no fuera así, por el mayor valor entre el valor teórico correspondiente al último balance aprobado, el nominal o el resultado de capitalizar al 20% el promedio de los beneficios de los tres últimos ejercicios.

A los efectos por tanto de la valoración de las acciones y participaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio, resulta determinante si dicha remisión al último balance aprobado lo es a 31 de diciembre, fecha de devengo del Impuesto sobre el Patrimonio, o a 30 de junio del ejercicio siguiente, fecha que se corresponde con la del plazo de presentación del impuesto. 

Abogados en Valencia

En este sentido, si bien la Administración tributaria consideraba que la referencia al último balance aprobado lo era respecto del año al que iba referido el Impuesto sobre el Patrimonio, es decir a 31 de diciembre, por lo que el último balance aprobado sería el del ejercicio anterior, el Tribunal Supremo ha considerado que el último balance es el aprobado dentro del plazo legal para la presentación del Impuesto sobre el Patrimonio, lo que en muchos casos puede incrementar o disminuir el valor de las acciones/participaciones a declarar en el impuesto.

Desde Estelles Abogados, Ernesto Garcia-Vieira, advierte de la conveniencia de considerar el nuevo criterio administrativo a la hora de aprobar los balances de entidades cuyos socios estén obligados a la presentación del impuesto sobre el patrimonio, “en la medida que la valoración de dichas acciones/participaciones puede verse notablemente incrementada, o en su caso, reducida según el balance que se tome en consideración”.

En este sentido, a modo de ejemplo, explica que “si el valor de una sociedad asciende en el balance del ejercicio 2015 a 100, y en el balance de 2016 es de 200, en el supuesto de que el balance de 2016 se apruebe antes del 30 de junio, el valor a declarar en el Impuesto sobre el Patrimonio con arreglo al nuevo criterio administrativo será de 200, mientras que si el balance se aprobara con posterioridad al plazo de presentación del impuesto su valor a efectos de Patrimonio sería de 100.

ESTELLÉS ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS

Estellés Abogados es un despacho valenciano especializado en asesoramiento y defensa de particulares y pequeñas y medianas empresas, en materia tributaria, de derecho mercantil-civil y derecho laboral. Apuestan por un servicio especializado, próximo y proactivo, con el objetivo de ofrecer a las Pymes soluciones acordes a las demandas actuales del mercado.

martes, 20 de junio de 2017

INDEMNIZACIÓN POR EXTINCIÓN CONTRACTUAL DE INDEFINIDOS NO FIJOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2017

En los casos de de Personal Indefinido NO FIJO al Servicio de las Administraciones Públicas el Tribunal Supremo deja de aplicar la indemnización de 12 días por año prevista en el art. 49.1 c) del ET, para reconocer la plena aplicación de la Doctrina de Diego Porras de 20 días por año trabajado con el límite de 12 mensualidades del 53.1b) ET.

Abogados en Valencia

Los motivos son distintos:

El EBEP que reconoce varios tipos de trabajadores del Sector Público, los temporales, los fijos y los indefinidos no fijos no puede equiparar las condiciones del indefinido no fijo a la de los temporales, ya que son figuras distintas, la primera nace para evitar la excesiva contratación temporal pero a su vez por la imposibilidad de contratación fija por el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a empleo público.

El Tribunal Supremo justifica la aplicación de la indemnización prevista para las extinciones de contractuales por causas objetivas porque las circunstancias podrían entenderse como asimilables, existiendo un lapsus normativo en este sentido que en absoluto puede justificar la equiparación de condiciones entre trabajadores de distinta naturaleza laboral.

jueves, 8 de junio de 2017

ESTELLÉS ABOGADOS TE AYUDA A TRAMITAR LA SOLICITUD PARA EL PROGRAMA ACTIVA EMPLEA 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

El plazo de presentación de solicitudes es del 30 de mayo al 28 de junio

Valencia (08-06-2017).- Estellés Abogados te ayuda a tramitar la solicitud para las ayudas a la contratación del programa Activa Emplea 2017, del Ayuntamiento de Valencia.

El objetivo de este programa es fomentar la inserción laboral de colectivos con mayor dificultad de acceso al mercado, dentro de dos líneas de actuación: la contratación indefinida a tiempo completo y la conversión de contrato temporal en indefinido a tiempo completo.




El plazo de presentación de solicitudes es del 30 de mayo al 28 de junio. Consulta el programa y condiciones en http://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-emplea/ayudas-valencia-activa-emplea

Estellés Abogados es un despacho valenciano especializado en asesoramiento y defensa a particulares y pequeñas y medianas empresas, en materia tributaria, de derecho mercantil-civil y derecho laboral. Apostamos por un servicio especializado, próximo y proactivo. Nuestro objetivo es ofrecer a las Pymes soluciones acordes a las demandas actuales del mercado.

jueves, 18 de mayo de 2017

AHORA YA SÍ… LA PLUSVALÍA MUNICIPAL SÓLO SERÁ EXIGIBLE CUANDO EXISTA GANANCIA

Hoy mismo el Tribunal Constitucional, ha declarado inconstitucional la regulación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (coloquialmente conocido como la plusvalía municipal), si bien en esta ocasión ya afecta a todo el territorio nacional. Como ya advertimos en anteriores artículos sobre otro pronunciamiento del Tribunal con relación a la regulación foral de Guipúzcoa, advertíamos el final de la exigencia de este impuesto municipal en aquellos casos en los que con la transmisión de un inmueble se haya originado una pérdida patrimonial, algo bastante probable dados los precios actuales del sector inmobiliario

Abogados en Valencia

Era de toda lógica esperar este pronunciamiento, era cuestión de tiempo, ya que dicho impuesto tiene como hecho imponible gravar el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana generado en el periodo de tiempo de tenencia de la propiedad transmitida, como expresión del principio de capacidad económica, consagrada en nuestra Carta Magna, circunstancia totalmente contraria cuando en lugar de incremento de valor se ha producido una disminución que da lugar a una pérdida patrimonial.

En cuanto al posible impacto que vaya a tener este pronunciamiento judicial en la provincia de Valencia, dependerá de cada municipio, atendiendo al momento de la aprobación de la ponencia de valores, así por ejemplo en aquellos municipios, como por ejemplo Torrent, Puzol o Mislata, cuyos valores catastrales se aprobaron en 2007 con efectos 2008, precisamente en el momento de mayor valor del sector inmobiliario, verán considerablemente afectados sus ingresos. Sin embargo, en la ciudad de Valencia, el impacto será mucho menor por cuanto sus valores catastrales no han sido actualizados desde 1998.

Así, si usted ha vendido un inmueble (vivienda o solar), que le haya generado pérdidas, bien en sede del IRPF o del impuesto sobre sociedades, pero a pesar de ello tuvo que pagar el impuesto de plusvalía municipal, podría recuperar lo abonado, más los intereses que correspondan. Por ello, le recomendamos que ponga en manos de un profesional su caso, ya que a nuestro juicio existen grandes posibilidades de éxito.

Ernesto García Vieira
Socio-Abogado

viernes, 28 de abril de 2017

¿QUE OCURRE CON LA PRESTACION POR DESEMPLEO COBRADA CUANDO SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO Y LA READMISION DEL TRABAJADOR CON EFECTO RETROACTIVO?

¿Debe el trabajador devolver el paro indebidamente cobrado?

Cuando se lleva a cabo un despido que es declarado improcedente en conciliación o por sentencia con carácter retroactivo, y la empresa opta por la readmisión del trabajador con el abono de los salarios dejados de percibir, el trabajador que cuando fue despedido estaba en situación legal de desempleo, de manera sobrevenida deja de estarlo y deja de cumplir los requisitos para cobrar la prestación con carácter retroactivo, por lo que ha estado cobrando el paro indebidamente. Esto si es por sentencia se puede llegar a producir en ocasiones hasta dos años después, por lo que las cuantías percibidas pueden ser elevadas.

Por otro lado, la reincorporación del trabajador en una empresa de la que ha sido despedido no es fácil y finalmente puede que una de sus opciones sea cesar voluntariamente en el puesto, entonces no sólo la sentencia arrumbará con la situación legal de desempleo requisito sinequanon para poder obtener una prestación sinó que además el cese voluntario cerrará ya toda posibilidad a generar este derecho, recordemos ya cobrado.

Abogados en Valencia

Aunque nos encontramos con casos en los que la Entidad Gestora SPEE reclama la prestación indebidamente cobrada al propio trabajador, siguiendo el procedimiento de revisión o revocación de actos administrativos, la ley de procedimiento laboral es clara al respecto, “las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de prestaciones por desempleo se considerarán indebidamente cobradas por causa no imputable al mismo”, por lo que en tal caso la Entidad Gestora cesará en el abono de las prestaciones por desempleo y reclamará a la Tesorería General de la Seguridad Social las cotizaciones efectuadas durante su percepción. El empresario deberá ingresar a la Entidad Gestora las cantidades percibidas por el trabajador, deduciéndolas de los salarios de tramitación que correspondiesen, con el límite de la suma de tales salarios.

A todo esto hay que añadir, con respecto a que sea el trabajador quien finalmente opte por no aceptar la readmisión, o cesar voluntariamente, que la linea jurisprudencial del Tribunal Supremo al efecto, veánse sentencias como la de fecha 25-6-2013 rcud. 1311/2012, es que la no aceptación por parte del trabajador de la readmisión o cese voluntario, resulta intrascendente, pues esto no supone una renuncia a los salarios de tramitación que deberán ser abonados en todo caso.

A la vista de los hechos y circunstancias se pone de manifiesto que cuando se reconozca la improcedencia del despido con la readmisión del trabajador, el empresario deberá tener muy en cuenta a la hora del abono de los salarios de tramitación, descontar la prestación por desempleo percibida desde la fecha efectiva del despido hasta la fecha de la sentencia que reconozca la improcedencia del mismo, con el límite de la cuantía de dichos salarios, siendo el empresario el obligado a devolver al SPEE el importe indebidamente cobrado por el trabajador en concepto de desempleo y la literalidad de la norma es terminante en este sentido. De esta manera, la empresa evitará ser reclamada al efecto, con sus respectivos recargos e intereses.

miércoles, 26 de abril de 2017

EQUIPARACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TEMPORALES CON LA DE LOS TRABAJADORES FIJOS. SURGEN SENTENCIAS CONTRADICTORIAS. TRIBUNAL SUPREMO.

Caso Ana de Diego Porras. TERREMOTO LABORAL.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14-09-2016 supone una enmienda a la justificación que la Jurisdicción Española le había dado a la diferencia de trato entre los trabajadores con contrato de duración determinada con respecto a los indefinidos.

Esta Sentencia se dicta a petición de decisión prejudicial del TSJ de Madrid, sobre la interpretación de la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada de 1999, anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de Junio de 1999.

Todo parte de un precepto normativo muy sencillo: Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas, exigiendo la aplicación del principio de no discriminación que exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, evaluando las situaciones a comparar según la naturaleza del trabajo, los requisitos de formación y las condiciones laborales.

Abogados en Valencia


Añade Encarnación Donet de Estellés Abogados que claro ejemplo de esto es el caso de los Vigilantes de Seguridad, autorizados administrativamente por el Ministerio del Interior para trabajar al efecto tras superar un curso de formación y un examen, con tareas tasadas arreglo a la Ley de Seguridad Privada y su Reglamento, y con categoría profesional específica por Convenio Colectivo, según la naturaleza de sus contratos temporal o fijos, verán que la finalización de su relación laboral tiene por consecuencia una indemnización u otra.

Bien es verdad, que la temporalidad tiene por razón de ser la flexibilidad del mercado, pero en muchas ocasiones los requisitos formales son los mismos y las causas de extinción obedecen a causas objetivas ajenas al trabajador que no justifican una indemnización menor, según TJUE.

La Sentencia Diego Porras manifiesta que “la menor perspectiva de estabilidad en el empleo, no supone una justificación objetiva”, y hace caer el fundamento de la temporalidad, añadiendo que la legislación española incumple la normativa comunitaria porque genera un trato diferenciado no justificado objetivamente.

El pronunciamiento judicial es el siguiente: “Es discriminatorio que ante los mismo motivos de extinción dos personas que trabajen exactamente igual perciban una indemnización diferente solo por el hecho de que una tenga un contrato indefinido y otra temporal. Esto es discriminatorio dice el TJUE no se puede justificar este trato diferenciado solo por la expectativa de estabilidad".

El Litigio de la Sra. Porras con el Ministerio de Defensa supone la ruptura de la tesis mantenida por la normativa española en este caso, supone la obligación de generar un nuevo escenario de derechos, ya sea mediante reforma legal o mediante nuevas resoluciones judiciales.

Nosotros ya hemos solicitado su aplicación y reconocimiento en varios casos… esperamos pronunciamientos en Valencia.

La Sala de lo Social, Sección 3ª del TSJ de Madrid, en Procedimiento Recurso de Suplicación 246/2014, dictó sentencia a este respecto considerando que si bien es ajustado a derecho el despido de la recurrente como personal interino se declara que tiene derecho a una indemnización comparable a la que le correspondería a un trabajador fijo por despido objetivo, es decir, 20 días por año trabajado. Así le han seguido otros Tribunales como TSJ del Principado de Asturias, Sala de lo Social, Sentencia 2316/2016 de 8 de noviembre 2016, Rec. 2142/2016; TSJ de Galicia, Sala de lo Social, Sentencia 6231/2016 de 26 de octubre 2016, Rec. 2059/2016; TSJ Galicia, Sala de lo Social, Sentencia 6687/2016 de 30 de noviembre de 2016, Rec. 3277/2016; TSJ País Vasco de 18 de octubre de 2016 rec, 1872/2016, y 1962/2016; TSJ Andalucía de 16 de noviembre de 2016, rec. 1515/2016; 1411/2016; 1750/2016.

Sin embargo, el TSJ de Andalucía, en sentencia del 16 de noviembre de 2016 rec. 1539/2016, considera que ante una relación entre particulares al trabajador le corresponden 12 días de indemnización y no 20 por no tener la Directiva 1999/70 efecto horizontal y no ser aplicable el principio de interpretación conforme.

Cierto es que el caso de Ana de Diego Porras hacía referencia a una relación laboral con la Administración, por lo que existía una aplicación directa de la Directiva Comunitaria, eficacia vertical, pero es defendible la aplicación horizontal de la Directiva pues el propio TJUE en sentencia de 19 de abril de 2016, asunto C-441/14, admite la aplicación horizontal de la Directiva en pro de la especial sujeción de los jueces nacionales a la aplicación de la normativa comunitaria bajo el principio de primacía, obligados “ab initio” como poder del Estado, a realizar una interpretación de las normas internas conforme al derecho de la Unión Europea.

¿Tendremos pronunciamiento del Tribunal Supremo en Unificación de Doctrina?

jueves, 20 de abril de 2017

DERECHO A LA PRESTACIÓN DE MATERNIDAD EN CASOS DE MATERNIDAD SUBROGADA

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 16 de noviembre de 2016

El Tribunal Supremo para analizar esta cuestión parte de la similitud de los casos de adopción con los de maternidad subrogada.

En los primeros se les reconoce una prestación por maternidad igualmente de 16 semanas y no de 10 aun no existiendo necesidad de cuidados y atenciones a la madre que la justifiquen.
Abogados en Valencia

Así en igual sentido en los casos de maternidad subrogada reconoce el Alto Tribunal el mismo derecho cuando el menor pasa a formar parte de la familia de los padres subrogantes.

No reconocer la prestación por maternidad a estos últimos en igual sentido y condiciones, supondría una menor protección del menor fundamentado de manera discriminatoria en poco objetivas circunstancias.

martes, 14 de marzo de 2017

AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD A CUATRO SEMANAS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2017

La Disposición final undécima de la Ley 48/2015 de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2016, dispone la entrada en vigor desde el 1 de enero de 2017 de la Ley 9/2009 de 6 de octubre sobre la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas ininterrumpidas.


La Ley 9/2009 que debió haber entrado en vigor el 1 de enero de 2011, ha sido continuamente pospuesta, y finalmente ha visto la luz el 1 de enero de 2017.

Desde esta fecha, todos trabajadores que hayan sido papás en 2017 tienen ya la posibilidad de disfrutar de sus cuatro semanas ininterrumpidas de permiso.

martes, 7 de marzo de 2017

¡TIC-TAC! LA CUENTA ATRÁS DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL

Si has vendido un inmueble que haya generado pérdidas y  no han pasado más de 4 años, puedes recuperar lo pagado


  • ¿Puedo reclamar? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué información debo aportar? ¿incluye a todos los ayuntamientos?
  • La sentencia del TC que declaró inconstitucional la plusvalía municipal está provocando que aumenten las dudas sobre su pago y las reclamaciones de los afectados
Valencia (6-03-2017).-  Los asesores y abogados tributarios recomiendan valorar una posible reclamación del impuesto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (coloquialmente conocido como la plusvalía municipal), indebidamente pagado.

Por ello, si ha vendido un inmueble (vivienda o solar), que le haya generado pérdidas en el IRPF o en el impuesto sobre sociedades pero, a pesar de ello tuvo que pagar el impuesto de plusvalía municipal, podría recuperar lo abonado más los intereses que correspondan.

¿Cómo lo debo hacer? Mediante la presentación del correspondiente recurso extraordinario de nulidad (en el supuesto de que haya sido el Ayuntamiento el que haya efectuado la liquidación), o mediante la presentación de la correspondiente solicitud de devolución de ingresos indebidos (en el supuesto de que haya sido el contribuyente quien haya preparado y presentado la autoliquidación del impuesto). En ambos casos se presentará ante el Ayuntamiento correspondiente.

¿Qué información debo aportar? La correspondiente liquidación o autoliquidación del impuesto de plusvalía junto con su justificante de pago,  la escritura de compra y la escritura de venta.  ¿Incluye a todos los ayuntamientos? Si, afecta a todos los Ayuntamientos, si bien estos responden de forma distinta a los recursos.

Abogados en Valencia


AUMENTO DE LAS RECLAMACIONES

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la plusvalía municipal, el pasado 16 de febrero. Aunque dicha declaración afecta a la normativa foral de Guipúzcoa “es evidente que, dado que la regulación foral y estatal es prácticamente idéntica, los ayuntamientos del resto del estado español empiecen a verse inmersos en un aluvión de reclamaciones de ciudadanos que ya han liquidado dicho impuesto en el pasado, o que lo tengan que liquidar en el futuro, y siguiendo la doctrina del TC no lo lleguen siquiera a ingresar”. –Ha explicado Ernesto García Vieira, socio de Estellés Abogados,-.

“Efectivamente –ha continuado- a pesar de que la declaración de inconstitucionalidad afecta exclusivamente a la normativa foral de Guipúzcoa, reguladora de la plusvalía municipal, el TC tiene encima de la mesa solicitudes de otros tribunales españoles sobre la misma cuestión, por lo que parece lógico que corran con la misma suerte”.

Según Estellés Abogados “Cabe destacar que, antes de la declaración de inconstitucionalidad, algunos juzgados y tribunales ya venían considerando que en los casos de transmisiones de inmuebles en los que no se generaba ninguna ganancia o se producían pérdidas, no se cumplía con los elementos constitutivos del hecho imponible del impuesto y, por tanto, no era exigible el impuesto”.

Hay que resaltar también los efectos de dicha declaración de inconstitucionalidad, es decir, desde cuándo se debe entender que se puede aplicar. En este sentido, “la práctica habitual del Tribunal Constitucional en cuanto a este tipo de situaciones es que en la misma resolución se fijen los efectos temporales de dicha declaración. Sin embargo, en el presente caso no se han delimitado dichos efectos, por lo que a nuestro juicio, la única limitación de plazo sería la propia de la prescripción, es decir cuatro años y un mes desde el momento del otorgamiento de la escritura pública de transmisión” –ha concluido-.

ESTELLÉS ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS

Estellés Abogados es un despacho valenciano especializado en asesoramiento y defensa a particulares y pequeñas y medianas empresas, en materia tributaria, de derecho mercantil-civil y derecho laboral. Apostamos por un servicio especializado, próximo y proactivo. Nuestro objetivo es ofrecer a las Pymes soluciones acordes a las demandas actuales del mercado.

martes, 28 de febrero de 2017

Reclamación a la empresa de los intereses de demora y sanciones cobrados por hacienda al trabajador a resultas de retenciones del IRPF incorrectamente practicadas

Comentar en esta ocasión por su interés la sentencia de fecha 11 de abril de 2016 de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ Cataluña). Los hechos de la misma se refieren a la indebida retención practica por la empresa al trabajador a resultas del pago de una indemnización. En concreto la empresa aplicó sobre dicha indemnización un importe de reducción, por considerar el rendimiento como irregular, que supuso una menor retención de la que a juicio de hacienda se debería de haber practicado, en tanto que la AEAT considera que dicha reducción no era aplicable.

En atención a ello Hacienda le reclama al trabajador el importe que le correspondería haber pagado sin aplicación de la reducción más los correspondientes intereses de demora y sanción. Por su parte el trabajador a resultas de la regularización practicada por Hacienda le reclama a la empresa el importe de los intereses de demora y la sanción, en tanto considera que ambas son consecuencia de la indebida reducción practicada por la empresa sobre el importe de la indemnización.

Abogados en Valencia

En esta sentencia la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, analiza la reclamación planteada y determina que el sujeto pasivo de la deuda ciertamente es el trabajador, pero, el incumplimiento de la empresa de retener correctamente le hace responsable de los intereses de demora y las sanciones que pudieran devenir al respecto.

A nuestro juicio el Tribunal no debió de aceptar la demanda del trabajador por cuanto era este quien en el momento de la preparación de la declaración del IRPF optó por aplicar la reducción de irregularidad sobre la indemnización obtenida, con independencia de que la empresa en el momento del cálculo de la retención la hubiera tenido en cuenta.

martes, 14 de febrero de 2017

PRIMERA SENTENCIA DECLARANDO NULO EL DESPIDO DE UN TRABAJADOR DE BAJA POR INCAPACIDAD TEMPORAL

Sentencia TJUE 1 de diciembre de 2016

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, en sentencia del 1 de diciembre de 2016 (Asunto C-395/15), ha declarado que la incapacidad temporal de incierta duración y que tiene visión de prolongarse podría ser incluida en el concepto de “discapacidad”, a efectos de la Directiva 2000/78 del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, sobre la igualdad de trato en el empleo.

En aplicación de la misma, y por primera vez, el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona dicta sentencia en relación a un trabajador que con buen comportamiento profesional y tras sufrir un accidente laboral inicia una incapacidad temporal de larga duración siendo finalmente despedido.

Abogados en Valencia

 La susodicha Sentencia concluye que sin apreciar una razón objetiva y razonable sobre el despido, entiende que este devino como consecuencia de la situación de discapacidad en que se encontraba el trabajador despedido, y entiende que se trata de un despido nulo por discriminación fundamentada en “discapacidad”.

Hasta el momento la Doctrina del Tribunal Supremo al respecto consideraba que la situaciones en las que el empleador aducía para justificar el despido la falta de rentabilidad en el mantenimiento del puesto de trabajo podía constituir despido improcedente pero en ningún caso nulo por no entenderse discriminatorio.

La consecuencia de este fallo es la readmisión del trabajador y el abono de los correspondientes salarios de tramitación.
Si tienes dudas sobre asesoramiento tributario, mercantil, laboral y económico, contacta con Estellés Abogados a través de nuestra web o llamando al 963 529 900 y te informaremos sin compromiso.

martes, 7 de febrero de 2017

NO GENERA DERECHO A VACACIONES EL PERIODO DE TIEMPO ENTRE EL DESPIDO Y LA READMISIÓN DEL TRABAJADOR POR SENTENCIA

Comentar por su interés la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, del 15 de marzo de 2016, en la que ante el planteamiento por parte de unas trabajadoras despedidas, que tras la declaración de improcedencia fueron readmitidas por la empresa procediendo así al abono de los salarios de tramitación, resuelve que estos salarios dejados de percibir son cuantías de carácter indemnizatorio que no retribuciones por la prestación efectiva del trabajo realizado.

Abogados Tributarios en Valencia


 Por ende, cuando las trabajadoras reclaman su derecho al descanso retribuido, el Tribunal procede a su negativa, pues las vacaciones entiende el Tribunal nacen por la prestación del trabajo y su consiguiente derecho al descanso, pasa a concluir que no habiendo ocurrido esto en ese lapso de tiempo, no se tiene derecho a vacaciones, ni a disfrutarlas ni a su abono.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Social, de 15 de marzo de 2016.



Les recordamos que en Estellés Abogados y Asesores Tributarios pueden solicitar asesoramiento tributario, mercantil, laboral y económico, a través de nuestra web o llamando al 963 529 900.

jueves, 2 de febrero de 2017

REVERSIÓN DEL DETERIORO DE PARTICIPACIONES CON EFECTOS RETROACTIVOS AL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DEL EJERCICIO 2016

Deberemos de prestar mucha atención de cara al cierre del impuesto sobre sociedades correspondiente al ejercicio 2016 si tenemos en nuestro balance dotados deterioros de participaciones.

Si bien con la modificación introducida en la norma los deterioros dejaron de ser deducibles a partir del ejercicio 2013, dicha modificación no obligaba a la reversión de los deterioros contabilizados y deducidos fiscalmente hasta ese momento. Ahora bien, con la nueva modificación introducida por el Real Decreto ley 3/2016, aprobado el pasado 2 de diciembre,  con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2016, los deterioros deducidos hasta el 2012 y que todavía no hubieran revertido deberán de revertir en el plazo de 5 años, mediante el correspondiente ajuste positivo en el impuesto.

Abogados Tributarios en Valencia


Si se produjera una reversión mayor, por ejemplo como consecuencia de beneficios que mejoran el valor de las acciones o participaciones, el deterioro pendiente, si lo  hubiera, revertirá por partes iguales entre los ejercicios que resten.

Esta modificación introducida con carácter retroactivo el pasado mes de diciembre y que puede ser de enorme importancia para aquellas empresas con deterioros pendientes de revertir de cara al cierre del ejercicio 2016, consideramos que supone un nuevo atentado a la ya maltrecha seguridad jurídica de nuestro país, que en lo económico, egoísta y burdamente, prescinde de las previsiones o presupuestos empresariales con el objetivo de ajustar una mala previsión o presupuesto del estado y en lo jurídico plantea la no deducibilidad de un gasto que si tenía el carácter de deducible en el momento de su contabilización, que se pudo producir en ejercicios ya prescritos, lo que a nuestro juicio infringe, como poco, los principios de seguridad jurídica y el de confianza legítima en la administración. 

Si tienes dudas sobre asesoramiento tributario, mercantil, laboral y económico, contacta con Estellés Abogados a través de nuestra web o llamando al 963 529 900 y te informaremos sin compromiso.

martes, 31 de enero de 2017

IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO OBJETIVO SI LA INDEMNIZACIÓN NO ESTÁ A DISPOSICIÓN DEL TRABAJADOR CUANDO SE LE ENTREGA LA CARTA DE DESPIDO

Mencionar por su interés la Sentencia del TSJ de Madrid, Sala de lo Social de 27 de mayo de 2016, que declara la improcedencia del despido objetivo de un trabajador por defecto formal del art. 53.1b del ET, como consecuencia de no poner a disposición del trabajador simultáneamente a la entrega de la carta de despido la indemnización.

Abogado Laboral en Valencia

En el caso relativo a la sentencia la empresa realizó una transferencia de la indemnización a la cuenta del trabajador el mismo día que llevó a cabo la entrega de la carta de despido, ahora bien, el trabajador no tuvo ingresado en su cuenta el dinero, hasta un par de días después.

El TSJ de Madrid, en esta sentencia califica el despido de improcedente en tanto que el trabajador no tuvo posibilidad de disponer de la indemnización legalmente estipulada cuando se le hizo entrega de la carta, ni esta había salido de las cuentas de la empresa en ese mismo momento.

Se trata sin duda de una sentencia interesante a tener muy en cuenta en los supuestos de despido objetivo.

En Estellés Abogados y Asesores Tributarios puede solicitar asesoramiento tributario, mercantil, laboral y económico, a través de nuestra web o llamando al 963 529 900.

jueves, 26 de enero de 2017

APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN EL PLAZO DE ALEGACIONES

Los órganos de gestión de la Agencia Tributaria vienen considerando que una vez finalizado el trámite de alegaciones que sigue a la propuesta de liquidación ya no es posible aportar pruebas que pudieron aportarse con anterioridad y ello con base en el artículo 96.4 del Reglamento de gestión e inspección. Esta interpretación tiene una excepción con arreglo a ese mismo artículo cuando pueda demostrarse la imposibilidad de aportar los documentos con anterioridad y siempre que se aporten antes de la resolución en su caso del recurso de reposición.

Esta postura, con buen criterio a nuestro juicio, no es compartida por los tribunales con fundamento tanto en la Ley General Tributaria (arts. 223.3 y 241.2) como en la Ley de la jurisdicción contenciosa (art. 56.3).

Asesores Tributarios en Valencia

Así pues, en tanto que la normativa que regula los recursos administrativos y económico administrativos como la ley de la jurisdicción contenciosa permiten la aportación de todos aquellos documentos en los que se funda la pretensión, no tiene sentido que Hacienda niegue la aportación de dicha documentación con posterioridad al trámite de alegaciones.

En esta línea se han pronunciado el Tribunal Supremo (20-06-2012) y Tribunales Superiores de Justicia como los de Madrid y Galicia.

En la medida que la administración hubiera denegado la aportación de determinada documentación por haber sido esta aportada con el recurso de reposición, con posterioridad por tanto al trámite de alegaciones, entendemos que existe un argumento más para la anulación de la liquidación en cuestión: con base en un defecto formal. 

Les recordamos que en Estellés Abogados y Asesores Tributarios pueden solicitar asesoramiento tributario, mercantil, laboral y económico, a través de nuestra web o llamando al 963 529 900.


martes, 24 de enero de 2017

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL CEDENTE Y CESIONARIO EN SUCESIÓN EMPRESARIAL

En referencia a la sucesión de empresa el art. 44 ET viene a explicar que tanto cedente como cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos intervivos, responderán solidariamente durante tres años de los obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas,

Pues bien, el Tribunal Supremo en su sentencia del 30 de noviembre de 2016 ha venido a matizar esta cuestión de la responsabilidad solidaria, sentando doctrina jurisprudencial, con respecto a los débitos laborales.

La empresa cesionaria, es decir la que recibe la cesión, debe responder solidariamente de las obligaciones laborales pendientes con un trabajador cuyo contrato se hubiese extinguido antes de la sucesión aun no habiendo sido cedido al nuevo empleador.

Abogados en Valencia


Nos preguntamos si la responsabilidad alcanzaría las extinciones contractuales de despidos disciplinarios anteriores a la sucesión empresarial y por tanto y como consecuencia el especial cuidado que deberá tener la empresa adquiriente del servicio por la carga económica que le pueda acarrear el nuevo servicio.

El Tribunal Supremo expresa: “Y entre tales obligaciones laborales están incluidas todas las derivadas de la eventual declaración de improcedencia o nulidad de un despido anterior a la sucesión y que no hubieren sido satisfechas… También es perfectamente posible, y así justamente ocurre en el caso de autos, que se dicte con posterioridad a la sucesión la sentencia de despido que condena solidariamente a las dos empresas y abre el plazo para optar por la readmisión, con lo que tal condena solidaria habilitaría a la cesionaria para activar esa facultad de readmitir al trabajador y dar cumplimiento de esta forma a las obligaciones laborales anteriores a la subrogación que no hubieren sido satisfechas, cuando ya hemos dicho que no se discute en este caso que el demandante era uno de los trabajadores adscritos a la contrata”.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, viene a decir que en casos de sucesión empresarial se produce la subrogación de la nueva empresa en los derechos y obligaciones de todos los trabajadores adscritos al servicio, aunque sus contratos se hubieran extinguido antes de la transmisión y no únicamente de los trabajadores efectivamente cedidos.

Surgen numerosas dudas de aplicación práctica a este respecto, como por ejemplo, si una opta por la readmisión y la otra empresa por la indemnización, cual se aplica en primer lugar, que pasa con los convenios colectivos que limitan la responsabilidad del cesionario, sin ir más lejos el de Seguridad Privada.

Recomendaciones a la empresa, extremen la cautela en los casos de sucesión empresarial, como es la adquisición de servicios con subrogación de personal, al respecto de que las obligaciones laborales del cedente estén cumplidas o arbítrenlo contractualmente. Incluso por las extinciones contractuales producidas por finalización de contrato temporal.

Les recordamos que en Estellés Abogados y Asesores Tributarios pueden solicitar asesoramiento tributario, mercantil, laboral y económico, a través de nuestra web o llamando al 963 529 900.

martes, 17 de enero de 2017

EQUIPARACION DE INTERINOS CON TRABAJADORES FIJOS

LA SENTENCIA DEL TJUE 14-09-2016, TERREMOTO LABORAL.
LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO O FINALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TEMPORALES EQUIPARADA A LA DE LOS TRABAJADORES FIJOS

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14-09-2016 supone una enmienda a la justificación que la Jurisdicción Española le había dado a la diferencia de trato entre los trabajadores con contrato de duración determinada con respecto a los indefinidos.

Todo parte de un precepto normativo muy sencillo: “Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”.

La Jurisprudencia ha ido argumentando las razones objetivas que no permitían una diferencia de trato entre temporal y fijo, tales como un salario inferior, antigüedad, distintos sistemas de turnos u horarios, o las que si lo permitían como que los temporales no dispusieran de vehículo de empresa, plan de formación diferente, etc. Pero bien es verdad, que la temporalidad tiene por razón de ser la flexibilidad del mercado, que las indemnizaciones son menores, así como los requisitos formales y las causas de extinción.

Abogados Tributarios en Valencia

La Sentencia Diego Porras manifiesta que “la menor perspectiva de estabilidad en el empleo, no supone una justificación objetiva”, y hace caer el fundamento de la temporalidad, añadiendo que la legislación española incumple la normativa comunitaria porque genera un trato diferenciado no justificado objetivamente.

El pronunciamiento judicial es el siguiente: “Es discriminatorio que ante los mismos motivos de extinción dos personas que trabajen exactamente igual perciban una indemnización diferente solo por el hecho de que una tenga un contrato indefinido y otra temporal. Esto es discriminatorio dice el TJUE no se puede justificar este trato diferenciado solo por la expectativa de estabilidad."

El Litigio de la Sra. Porras con el Ministerio de Defensa supone la ruptura de la tesis mantenida por la normativa española en este caso, supone la obligación de generar un nuevo escenario de derechos, ya sea mediante reforma legal o mediante nuevas resoluciones judiciales.

La sentencia del Caso Diego Porras abre la posibilidad de discutir la improcedencia de la finalización de un contrato temporal válido. Sólo en el año 2015 se celebraron 17 millones de contratos temporales.

Nosotros ya hemos solicitado su aplicación y reconocimiento en varios casos… esperamos pronunciamientos en Valencia, la Sala de lo Social, Sección 3ª del TSJ de Madrid, en Procedimiento Recurso de Suplicación 246/2014, ya ha dictado sentencia a este respecto considerando que si bien es ajustado a derecho el despido de la recurrente como personal interino se declara que tiene derecho a una indemnización comparable a la que le correspondería a un trabajador fijo por despido objetivo, es decir, 20 días por año trabajado.

Si tienes alguna duda puedes contactar con Estellés Abogados y te informaremos sin compromiso. Además te ayudamos a reclamarla sin costes y de manera rápida.

miércoles, 11 de enero de 2017

¿CÓMO SABER SI TENGO CLÁUSULA SUELO EN MI HIPOTECA?

Si no puedes localizar la cláusula suelo en tu escritura de hipoteca un método sencillo para saber la existencia o no de esta limitación a la baja de los intereses abonados, consiste en que si en los 12 últimos meses vienes abonando la misma cuota de préstamo, es muy probable que efectivamente, en tu caso, exista la llamada cláusula suelo, ya que las revisiones de los intereses se realizan como máximo cada 12 meses, y dado que el EURIBOR varía mensualmente, cada vez que hay una revisión debe haber alguna variación de la cuota hipotecaria. Sin embargo, si nos están aplicando un límite mínimo de intereses a pagar, en este caso, por mucho que baje el EURIBOR siempre estaremos pagando la misma cuota mínima impuesta por el banco.

Abogados Tributarios Valencia

Por ello, si te encuentras en esta situación, ahora es el momento de reclamar a tu banco para que suprima dicha cláusula de tu escritura ya que el EURIBOR está en mínimos históricos y además una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha reconocido el derecho del consumidor a que se le reembolse el exceso abonado de más desde la firma de la escritura de la hipoteca.

Si todavía tienes dudas sobre cómo encontrarla, contacta con Estellés Abogados y te informaremos sin compromiso. Además te ayudamos a reclamarla sin costes y de manera rápida.

Ernesto García Vieira
Socio-Abogado especialista en Derecho Bancario

martes, 3 de enero de 2017

COMPROBACIONES DEDUCCIÓN VIVIENDA HABITUAL

Aún cuando en la actualidad la compra de vivienda habitual no permite la aplicación de deducción alguna en el IRPF, son muchos los contribuyentes que habiendo adquirido su vivienda antes del 1 de enero de 2013 siguen disfrutando de dicha deducción en virtud de la Disposición Transitoria 18.1.a) de la Ley del IRPF. La Agencia Tributaria, siendo todavía la deducción que más afecta a la recaudación del IRPF, lleva a cabo un importante número de comprobaciones respecto de la aplicación de esta deducción, comprobaciones de gestión en las que principalmente se solicita documentación para aclarar dos aspectos: la consideración de la vivienda como habitual y el destino del préstamo hipotecario para la compra de la vivienda.

Abogados Tributarios Valencia

Por lo que se refiere a la consideración de la vivienda como habitual es admisible cualquier prueba válida en derecho entre las que estarían: el empadronamiento, los consumos (luz, agua, teléfono, internet…), centro de salud, DNI, proximidad con el centro de trabajo o colegios, la inexistencia de otras viviendas o alquileres y en definitiva cualquier prueba que justifique la utilización de la vivienda con habitualidad. En este sentido señalar que las compañías eléctricas vienen obligadas a la presentación del modelo 159 en el que informan del consumo eléctrico de los inmuebles. Es por ello que son numerosas las comprobaciones de gestión que se inician a resultas de bajos consumos eléctricos, iniciándose también comprobaciones en zonas turísticas. Ahora bien, la falta de empadronamiento o un bajo consumo no puede ser determinante de la consideración o no de la vivienda como habitual. Así pues las declaraciones juradas de vecinos, las cartas o recibos de bancos u otras entidades (seguros, administradores…), la regularidad de los consumos, la existencia o no de pareja o hijos o en definitiva cualquier otra prueba que pueda justificar la habitualidad de la vivienda deben de valorarse por parte de la agencia tributaria en estos procedimientos de comprobación y en cualquier caso deben de aportarse y defenderse de cara a recursos o reclamaciones posteriores.

Por lo que al cálculo se refiere las actuaciones de comprobación suelen tener en cuenta, el momento de otorgamiento del préstamo y el de la compra de la vivienda, el importe del préstamo y el importe de adquisición de la vivienda, unificaciones, ampliaciones o reunificaciones de deudas. En este sentido todo aquel importe del préstamo que no se corresponda estrictamente con la adquisición de la vivienda y se haya solicitado para proceder a su adquisición será eliminado por la administración a los efectos de la deducción. En este punto debemos de aprovechar el procedimiento de comprobación para verificar que estamos aplicando la deducción también sobre las plazas de garaje (hasta 2) y trastero, los gastos relacionados con la compra (IVA, ITP, notaria, registro, gestoría, etc..) y con la contratación del préstamo hipotecario (AJD, notaria, registro, gestoría, comisiones bancarias, tasación…), pudiendo incluir también las primas de seguros de daños y de vida o los relativos a la cobertura del tipo de interés.

Les recordamos que en Estellés Abogados y Asesores Tributarios pueden solicitar asesoramiento tributario, mercantil, laboral y económico, a través de nuestra web o llamando al 963 529 900.